"El Plan Colombia ha sido un éxito para Colombia. Un éxito para la región. Y un éxito para Estados Unidos", aseguró recientemente el nuevo embajador de Estados Unidos William Brownfield, postura que, sin duda alguna, comparte el gobierno colombiano, quien realiza grandes esfuerzos para asegurar que la asistencia militar de ese país se mantenga.

El eje vertebral de Plan Colombia, la lucha contra las drogas, que fue formulado en 1999 en términos de la disminución del 50% del área cultivada con plantaciones de uso ilícito y una baja sustancial del flujo de cocaína hacia Estados Unidos, con la consecuente disminución del consumo, y que justificó la militarización del país y la narcotización del conflicto [1], dista mucho de identificarse con esta frase tan halagadora.

Éxito viene del latín exitus, y significa resultado o salida. Echemos un vistazo al contexto en el cual está siendo utilizada esta palabra.

Cuando inició el Plan Colombia se registraban 163.289 hectáreas sembradas con coca; para 2007 perseveran 157.200. En el periodo del presidente Uribe se han fumigado aproximadamente 800.000, al mismo tiempo 3.300 erradicadores -distribuidos en 109 grupos móviles que operan en 20 departamentos-, han erradicado en los dos últimos años 109.000, según datos oficiales de Acción Social. Todo lo anterior significa que tales “esfuerzos” sólo han representado la disminución efectiva de 6.000 hectáreas.

En 1999 se registraba presencia de coca en 12 de los 32 departamentos que tiene Colombia. Hoy día, hay coca en 23 [2] de ellos, siendo Nariño, vecino de Putumayo, el departamento con el mayor aumento del área cultivada (siguiendo la lógica del efecto globo), alcanzando casi el 10% del total nacional.

Entre 1999 y 2006 han sido destruidos 11.563 laboratorios para el procesamiento de la cocaína [3] mientras la persecución a los precursores químicos que se utilizan en tal procedimiento es marginal y se focaliza casi exclusivamente en la gasolina, que es un recurso vital para la vida de miles de familias en zonas rurales que no necesariamente están vinculadas con la siembra de la hoja de coca.

Entre 2002 y 2006 han sido incautadas más de 600 toneladas de cocaína [4], sin embargo, el precio de ésta en las calles estadounidenses ha bajado en los últimos cuatro años en un 36% [5], lo que significa que la oferta se mantiene invariable y el potencial de producción es mayor del que suponen las autoridades que definen la política antinarcóticos [6].

A la incuestionable ineficacia de los métodos de erradicación forzada implementados (valga recordar, desde 1978), se suman otros elementos de necesaria consideración que tienen que ver con los impactos que esta política tiene en términos de derechos humanos. Si bien el gobierno colombiano ha desarrollado mecanismos eficaces para invisibilizar dichos impactos [7], la coyuntura con el Ecuador ha sacado a la luz un panorama bastante completo de las violaciones a los derechos de las personas y comunidades sometidas a ellas. Las fumigaciones aéreas realizadas “con una mezcla del producto llamado Round – up (nombre comercial del herbicida glifosato) y un surfactante llamado Cosmoflux con otros aditivos [8]” impactan directamente los derechos a la salud, alimentación, medio ambiente, a no ser desplazados forzadamente y, al acceso a la justicia [9].

Por su parte, la erradicación manual forzada no representa una alternativa frente a los efectos colaterales humanitarios de la fumigación. Los grupos móviles de erradicación están conformados por personal foráneo a las zonas donde operan y por reinsertados del paramilitarismo que causan temor entre la población, realizan sus labores después de operativos militares en tierra, y con anillos de seguridad del Ejército y la Policía que los resguarda y dañan economías lícitas de pancoger [10]. En lo que va corrido de 2007 se presentaron dos desplazamientos masivos en los departamentos donde más se erradica manualmente de manera forzada (Putumayo y Nariño), como consecuencia de estos operativos [11].

Pero otras actividades antinarcóticos también tienen costos en materia de derechos humanos y medio ambiente. En agosto de 2007 tropas del Batallón No. 3 Cabal de Ipiales (Nariño), incineraron algunas toneladas de precursores químicos, acción ésta que contaminó el río Cultún del que dependían cientos de personas de caseríos ubicados en sus orillas para la subsistencia. Más de 20 mil peces y algunas reses murieron, y la salud de los pobladores fue puesta en grave riesgo. Para este procedimiento, como es normal en estos casos, no se siguieron los protocolos de destrucción de los mismos [12].

Con los breves apuntes anteriormente esbozados difícilmente puede sostenerse que el Plan Colombia como política pública de lucha contra las drogas sea un éxito. Pero, de serlo entonces hay que preguntarse: un éxito en qué y un éxito para quién.

Consultando la realidad, vemos cómo el éxito del Plan Colombia se halla en el escenario de lo militar y para beneficio de la industria bélica nacional y transnacional. Es por ello que no resulta desmedido afirmar (una vez más) que el éxito del Plan Colombia radica esencialmente en su fracaso. Mientras la lucha contra las drogas fracase, seguirá siendo aún más necesaria.