Los habitantes del casco urbano del municipio de Remedios- Antioquia amanecen hoy con otro panfleto más que busca controlar mediante el terror a su población.

Tras el aviso hecho el 13 de octubre por parte del ministro de defensa junto con la gobernación de Antioquia del inicio del “Plan Troya Nordeste” que para su operatividad asignó 332 patrulleros, 47 mandos ejecutivos y 7 oficiales. Además, de que la Fiscalía General de la Nación dispuso el apoyo de dos fiscales especializados antibacrim, nos encontramos que paralelamente siguen en aumento los hechos de muerte en los municipios de Remedios y Segovia, en donde es conocida la presencia de grupos paramilitares, especialmente en sus cascos urbanos desde hace ya más de 20 años, y que dicha presencia ha afectado constantemente a los pobladores rurales de estos municipios que hemos sido víctimas de bloqueos económicos, amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias entre otros hechos.

A la vez, y con la entrega en el 2010 de la Frontino Gold Mines por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a la multinacional Gran Colombia Gold, de la que su representante Legal es la excanciller del mismo gobierno María Consuelo Araujo, los hechos de violencia y la reorganización de grupos paramilitares aumentó en la región al punto de tener la presencia para finales de 2011 de más de 7 estructuras. Cabe recordar que luego de la entrega de la Frontino se fortaleció el pie de fuerza pública en estos municipios.

En estos últimos días vemos como se muestran los resultados del “Plan Troya” en los medios de comunicación nacional. Refieren algunas capturas y cierres de minas. Pero no mencionan lo que está viviendo la población civil del municipio. En la última semana, dentro del municipio de Remedios fue restringida la circulación del transporte público interno. Mediante panfletos amenazantes la comunidad tiene la orden de no salir de sus casas después de las 10 de la noche y también advierten a la población que quien tenga trato con “personal extraño se les dará igualmente de baja” y siguen en aumento los asesinatos, se respira miedo y silencio. Esto también, luego de que la Gran Colombia Gold, compañía canadiense anunciara el 24 de octubre que la colocará en el mercado de valores bonos por 100 millones de dólares para financiar la expansión de la producción de oro en sus operaciones en el municipio de Segovia.

Como organizaciones campesinas asentadas en la región, que nos negamos a dejar romper por parte de grupo armado alguno el vínculo histórico y necesario que tenemos con los cascos urbanos de nuestros municipios, nos vemos en el deber moral de denunciar los hechos de los que estamos siendo víctima las comunidades remediana y segoviana.

Reiteramos nuestro rechazo a la posición gubernamental de que la crisis humanitaria que estamos viviendo en estos municipios no se resuelve con su militarización y exigimos a las autoridades civiles tales como las alcaldías y Gobernación a los entes de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo abrir y fortalecer espacios de participación a la población civil organizada, quienes somos los que estamos viviendo los efectos de la represión armada, económica, social y sicológica en Remedios y Segovia, con el fin de aportar en propuestas para tratar este conflicto.

Solicitamos a los órganos de acompañamiento internacional continúen con su atención y observación a las dinámicas que están dándose en esta región.