El fallo de la Corte de la Haya sobre los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia, fundamentando en el Pacto de Bogotá, que legitima la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver conflictos territoriales, ha generado gran controversia en los sectores políticos y académicos del país, los cuales coinciden en la significativa pérdida de mar territorial que implicó para el país dicho fallo. Aunque los análisis sobre quien tiene o no la culpa por esta pérdida son diversos, llama la atención el constante llamado por parte del Gobierno al respeto de la soberanía de los pueblos, así como la importancia de conservar el patrimonio ambiental que se encuentra en dicha región y que el país supo mantener.

Y es que llama la atención el renuente uso del discurso de la soberanía y la conservación de los recursos naturales, así como el derecho de los pueblos a hacer sus tratados, por parte del presidente, la canciller y la coalición de gobierno, teniendo en cuenta la realidad de nuestro país y el comportamiento del gobierno frente a la soberanía, el medio ambiente y las relaciones con organismos internacionales en otros contextos como el económico.

¿Por qué no es tan importante la preservación del medio ambiente, en los tratados económicos donde se ceden cientos de miles de hectáreas para que empresas multinacionales como Pacific Rubiales o la Anglo Gold Ashanti las exploten?, ¿Por qué no se cuestiona el trato inequitativo que tienen los países mal llamados subdesarrollados como Colombia en escenarios internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo?, ¿Por qué no se menciona como un elemento fundamental la importancia de la soberanía nacional en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o la Unión Europea?, ¿De qué soberanía estamos hablando?.

Frente a esta disociación discursiva que tiene el gobierno y su coalición, con respecto al concepto de soberanía, se podría decir que este se ciñe únicamente al concepto de Nación como la existencia de un territorio delimitado, mas no a su manejo. Sin embargo la entrega descarada de los recursos naturales que se encuentran en dicho territorio a pesar de la desaprobación de las comunidades y habitantes, no es considerado por el gobierno como un tema relacionado con la soberanía. ¿Porqué se arguye la gravedad de perder 75.000 km de mar territorial y no se menciona perder 956.300 barriles de petróleo diariamente en términos de la distribución real de la ganancia para la nación?.

Por otra parte ¿De cuál patrimonio ambiental y de que manejo equilibrado del mismo habla el gobierno, cuando los proyectos económicos que se implementan según la locomotora minera y rural, plantean la implementación de minería a cielo abierto, en ecosistemas sensibles como los páramos; la desviación natural de los causes de los ríos como el magdalena; el desarrollo del biocomercio de especies sólo para garantizar la inversión extranjera, como dictamen de los organismos económicos internacionales?.

Es importante dimensionar y analizar las implicaciones del fallo para el país, pero no empleando los falsos argumentos de soberanía y conservación del medio ambiente que usa el gobierno, para despertar el falso sentimiento patriótico del pueblo colombiano, mas sí con lecturas fundamentadas en análisis económicos y geopolíticos. Nuestra lucha como pueblo por la soberanía, no se limita únicamente a cómo se delimita el territorio nacional, tal cual la aplica y la concibe la clase dominante. Nuestra lucha por la soberanía abarca no sólo al plano territorial; cómo se hace uso de este y quienes lo hacen, nuestra lucha por la soberanía implica la discusión sobre cómo se toman las decisiones sobre los puntos neutrales de la vida nacional; cómo se pactan los tratados comerciales con otros países; bajo cuáles condiciones se concesiona la explotación de los recursos naturales; hasta qué punto se privilegia la inversión sobre el manejo equilibrado del medio ambiente y las comunidades arraigadas al territorio; cómo se desarrolla la democracia participativa; como se invierte el presupuesto en cada entidad territorial etc.

Nuestra soberanía implica la renuncia a resolver el conflicto armado por la vía militar, tal cual lo dictamina la doctrina de seguridad nacional, a conveniencia de las grandes industrias armamentistas y en detrimento del diálogo y la participación de la sociedad colombiana en la solución de un conflicto de raíces económicas, políticas y sociales y no armadas como falsamente se hace ver. La lucha por la soberanía implica preguntarse hasta qué punto lo que pasa en el país, es lo que yo deseo que pase, y si es cierto que somos un país soberano más allá del fallo de la Corte de La Haya, hasta qué punto yo como ciudadano puedo determinar o incidir en la transformación de aquello que me afecta negativamente o va en detrimento de mi dignidad a costa del beneficio de terceros que no hacen parte propiamente de un proyecto de nación digno y ahí si soberano.