El senador Jorge Enrique Robledo explicó que el engorde y comercio de las gallinas campesinas han sido en la práctica prohibidos por el ICA y el Ministerio de Agricultura, a pesar de que de ello depende la vida de multitud de familias.
Siguiendo los estándares impuestos por la OMC, la Resolución 957 de 2008 del ICA impuso a todas las fincas del país que levanten gallinas para la venta contar con planta de procesamiento, agua potable, área para galpones, aireación, iluminación, cercas y otra serie de costosas exigencias que no están al alcance de los campesinos colombianos. El gobierno da un plazo de un año, contado a partir del 2 de abril, para que el productor acate la norma, día a partir del cual aplicará sanciones que van desde el decomiso de las aves hasta el cierre total de la finca. “En la pobreza rural de Colombia, muchos campesinos sobreviven por este negocio”, explicó Robledo.