No se necesitó mucho tiempo, desde cuando el gobierno avisaba que el derecho de huelga se regiría por fallos judiciales acorde con los impenitentes requisitos que anda tramitando a ver si el Partido Demócrata aprueba el TLC en el Congreso estadounidense; para que dicho “avance” se convirtiera en palabrería. La conducta oficial respecto al paro de los corteros en varios ingenios y al paro de más de 30 mil empleados de la rama judicial, reitera que esa “reforma” fue un formalismo y que la huelga y la protesta pública y pacífica siguen como letra muerta en Colombia.

Desde su despegue, la industria azucarera se ha nutrido de mano de obra barata. Un referente reciente es de marzo de 2003, cuando los corteros de caña del ingenio La Cabaña presentaron un pliego de peticiones que, entre otros, solicitaba que no se les rebajara el pago por tonelada cortada; que se respetara “el peso exacto del tajo que pesa más de cuatro toneladas y media y se paga por 1.500 kilos” (es decir, que no haya “robo” en la báscula) y, según sus propias palabras, “mejores condiciones en el sistema de transporte porque se nos transporta peor que a animales”.

Escribe Aurelio Suárez Montoya.