Al declarar la Corte Constitucional como inexequible al Estatuto Rural o ley 1152 de 2007 se acabó de derrumbar el modelo agrícola que ha impulsado el gobierno de Álvaro Uribe. Su aplicación no sólo no ha logrado los beneficios esperados para la pretendida “empresarización del campo” sino que los destrozos causados a la economía campesina y a los productores nacionales de alimentos y bienes agropecuarios para el mercado interno no podrán resarcirse en el mediano plazo. Con anticipación se advirtió que esa ley de “Desarrollo Rural” estaba por fuera de los parámetros mínimos constitucionales, como el acceso progresivo de las comunidades rurales a los bienes públicos y la debida protección a la producción de alimentos, fijados en el artículo 64 y 65 de la Carta Magna. Sin duda fue la “la ley agraria más regresiva de la historia de Colombia”, lo que ya es mucho decir.

Escribe Aurelio Suárez Montoya.

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