Por Edgardo Ayala

Entre junio y diciembre del 2009 fueron asesinados en el central departamento salvadoreño de Cabañas tres defensores del medio ambiente muy críticos de la minería metálica. Según denuncian ambientalistas y pobladores de la zona, el móvil de los crímenes pudiera estar relacionado precisamente con su oposición a esa actividad.

Desde que la empresa Pacific Rim El Salvador, subsidiaria de la corporación canadiense Pacific Rim Mining, inició en el 2002 labores de exploración minera en la mina El Dorado, 65 km al noreste de San Salvador, en Cabañas, organizaciones ambientalistas, religiosas y de derechos humanos, así como pobladores de la zona mantienen una campaña constante contra las actividades de la compañía por considerar que la minería metálica acarrea consecuencias negativas para la salud y para el medio ambiente, debido al uso de cianuro en el proceso.

Aunque la empresa no ha suspendido sus operaciones, el permiso de explotación de oro y plata le fue negado por las autoridades en diciembre del 2008, debido precisamente al rechazo que esa industria generaba en la población y que, en medio de una campaña electoral, motivó al entonces presidente Antonio Saca, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a negar tal permiso.

Ante la negativa gubernamental, la compañía inició en diciembre del 2008 un proceso de arbitraje comercial amparándose en las cláusulas del Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana con EEUU (TLCAC+RD), que protegen las inversiones extranjeras. Exige el pago de US$70 millones en compensación por pérdidas sufridas al haber invertido ese dinero y no obtener el permiso. El arbitraje es administrado en Washington por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), afiliado al Banco Mundial.

Las víctimas

La primera víctima fue Marcelo Rivera Moreno, de 37 años, miembro de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC) y uno de los principales activistas contra las operaciones de la Pacific Rim en la zona. Fue encontrado muerto el 30 de junio del 2009 dentro de un pozo tras permanecer desaparecido durante 12 días.

Rivera Moreno pertenecía también a la estructura local en San Isidro del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en su momento pidió una exhaustiva investigación del crimen.

En tanto, Ramiro Rivera Gómez (sin parentesco con Rivera Moreno), de 53 años, del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), fue asesinado el 20 de diciembre pasado cuando viajaba en su camioneta por un camino rural del cantón Trinidad, jurisdicción de Sensuntepeque, Cabañas. Sujetos armados le salieron al paso y le dispararon con fusiles M-16.

Rivera Gómez ya había sufrido un intento de homicidio el 7 de agosto del 2009, por lo cual tenía protección policial. Pero los dos agentes que lo acompañaban fueron superados por el poder de fuego de los fusiles de asalto.

La tercera víctima fue Dora Alicia Sorto, de 32 años, y también integrante del CAC. Fue acribillada el 26 de diciembre, también en Trinidad, cuando venía de lavar ropa de un riachuelo y fue interceptada por sujetos que le dispararon con el mismo tipo de fusil. Sorto tenía ocho meses de embarazo, y resultó herido su hijo de dos años que la acompañaba.

Ambientalistas y pobladores de la zona donde opera la compañía canadiense sostienen que detrás de esos asesinatos se encuentra la transnacional, que estaría recurriendo a una campaña de terror para acallar las denuncias de los ambientalistas, aun cuando probar ese nexo les resulte de momento difícil.

"Esto ya llegó a los extremos, ya tenemos verdaderos mártires ambientales en Cabañas, y yo responsabilizo personalmente a la empresa Pacific Rim de las muertes", dijo a Noticias Aliadas Ricardo Navarro, director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), durante una vigilia celebrada el pasado 8 de enero en el cantón Trinidad en apoyo a los familiares de las víctimas.

"Ellos [Pacific Rim] son los responsables morales. A mí no me consta si el presidente de la compañía ordenó o no los asesinatos, pero sí me consta que ellos han venido aquí a querer sacar el oro y la plata, y son ellos los que han generado todo este clima de violencia", agregó Navarro, uno de los ambientalistas más destacados del país.

Navarro se refiere al hecho de que desde la llegada de la empresa canadiense se han producido asesinatos y brotes de violencia que no se reportaban en una zona comparativamente más tranquila que el resto del país, que vive una ola criminal de larga data. La cifra de homicidios de El Salvador alcanza los 52 por cada cien mil habitantes, según datos policiales.

Móviles del crimen

Inicialmente, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) consideraron que el móvil de los asesinatos pudo provenir de pleitos familiares en que habrían estado involucradas las víctimas. Esa versión es rechazada por ambientalistas que piensan que es un intento para desvincular los crímenes con la que debería ser la principal línea de investigación: la Pacific Rim.

No obstante, el subdirector de Operaciones de la PNC, Howard Cotto, aseguró a Noticias Aliadas que la Policía está abierta a todas las hipótesis, y no descarta ninguna línea de investigación, incluyendo la que apunte a la compañía canadiense.

"Si bien no podemos plantear en este momento que el móvil de todos los crímenes tenga que ver con la minería, ni que no tenga que ver, lo que sí es claro es que en todas las zonas donde la Pacific Rim empezó exploraciones mineras, se generaron niveles de conflicto bastante fuertes", señaló Cotto. "Pero no es correcto que nosotros, como institución, nos pronunciemos a favor de una posición u otra si no tenemos las pruebas todavía".

El presidente de Pacific Rim, Tom Shrake, en una entrevista telefónica concedida el 6 de enero pasado a Jesse Freeston, periodista del informativo por Internet The Real News Network, negó cualquier vínculo entre los crímenes con la compañía que preside.

"Existe una lluvia continua de declaraciones que conectan estos asesinatos con Pacific Rim, y no existe absolutamente ninguna prueba, pero las declaraciones continúan", afirmó.

"Yo no creo que las muertes en el área de Trinidad tengan que ver con la minería", acotó. "Esa gente ya había tenido sus pleitos desde mucho antes de que llegáramos nosotros".

La fiebre del oro

El libro "El lado oscuro del oro, impacto de la minería en El Salvador", escrito por Florian Erzinger, Luis González y Ángel M. Ibarra, y publicado en diciembre del 2008, señala que América Central está padeciendo una "nueva fiebre del oro" con la excepcional subida de hasta los mil dólares por onza de oro.

En el caso salvadoreño, alrededor de 29 proyectos de exploración minera se han aprobado desde el 2006, y de esos, 25 pretendían iniciar labores de extracción a cargo de 11 empresas mineras transnacionales. Pero los proyectos han quedado en suspenso a partir de la negativa oficial dada a Pacific Rim.

El nuevo gobierno de Mauricio Funes, que llegó al poder el 1 de junio pasado de la mano del izquierdista FMLN, tampoco está dispuesto a otorgar tales permisos.

El total de onzas de oro a extraer en esos 25 proyectos mineros alcanzaría los 12 millones, más 78 millones de onzas de plata, según el libro. En el proceso se utilizarían hasta 160 millones de litros de agua, y se aplicarían unas 950 TM de cianuro, un tóxico mortal.

La Pacific Rim extraería de la mina El Dorado 1.4 millones de onzas de oro, señalan los autores del libro, y calculan las ganancias totales que en conjunto generarían los 25 proyectos: $10 millardos.