La compañía de fruta Chiquita, con base en Cincinnati, confesó haber realizado pagos al grupo Autodefensas Unidas de Colombia, considerado como una organización terrorista por el gobierno estadounidense. Chiquita acordó pagar una multa de 25 millones de dólares con la condición de que no sea obligada a revelar los nombres de los ejecutivos implicados. Chiquita afirma que fue víctima de extorsiones que amenazaban a sus empleados. Aún así, el fiscal general de Colombia ha declarado que intentará conseguir la extradición de ocho empleados de Chiquita por lo que califica como "relación criminal".
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