El Tribunal Permanente de los Pueblos es para los pueblos indígenas un instrumento de apoyo en su lucha contra la impunidad y un escenario de visibilización y denuncia, especialmente, contra empresas transnacionales que explotan los recursos naturales y afectan a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en las regiones donde operan. Así lo manifiesta la Conserjería de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC; también es un espacio para reconstruir la organización social menguada por los impactos de las grandes multinacionales.