Policía paraguaya: criminales sudamericanos por Carlos Vargas
Como en la cinta de Scott, el caso develó una verdadera industria del secuestro en Paraguay, en la que están involucrados importantes miembros de las fuerzas de seguridad de ese país, para no mencionar las acusaciones recientes contra el Fiscal General Óscar Latorre, quien había culpado, sin pruebas, al izquierdista Partido Patria Libre (PPL) en presunta asociación con insurgentes colombianos y chilenos como responsables del delito. Como se recordará, Paraguay fue escenario de la dictadura militar derechista de Alfredo Stroessner. Durante la Operación Cóndor fueron desaparecidos en 1980 en Buenos Aires el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista del Paraguay, Antonio Maidana, y el veterano del movimiento obrero Emilio Roa. Los gobiernos "democráticos" de Luis González Macchi y Nicanor Duarte Frutos, han reeditado la guerra sucia persiguiendo al PPL, que agrupa a la mayoría de fuerzas de la izquierda paraguaya. Osmar Martínez, secretario general del PPL, Anastasio Mieres, dirigente regional del departamento de San Pedro, y José Martínez, dirigente regional del departamento de Caaguazú, fueron detenidos a partir de supuestos indicios obtenidos en cuestionados procedimientos de allanamiento y producción ilegal de pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado bajo la dirección del conocido Óscar Germán Latorre, involucrado en delitos de lesa humanidad contra los dirigentes del PPL Juan Arrom y Anuncio Martí, también acusados falsamente de secuestro, en el 2002. Igualmente, el afiliado del PPL Derlis Ramírez Ramírez fue secuestrado por cuatro efectivos policiales fuertemente armados y encapuchados vinculados a organismos de inteligencia de la Presidencia de la República. El señor Latorre dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estarían involucradas en el secuestro, aunque no explicó cuál sería la presunta motivación. En Paraguay, nadie cree en la versión oficial, ya que luego se supo que la policía conocía el lugar donde los secuestradores tenían a Cecilia, y los vecinos vieron camionetas de la policía frente a la casa donde la señora Cubas fue enterrada viva. "Hubo varios secuestros en los últimos meses de una banda argentina que operaba en Paraguay y al parecer tenía nexos con la policía para conseguir favores y no ser detenidos. Recientemente, también hubo un caso de cuatro policías detenidos por secuestro, por eso sí es común que la policía sea elemento de referencia en este tipo de casos", dijo el periodista José Luis Paniagua, corresponsal de la agencia EFE en Paraguay. En "Hombre en llamas", policías disfrazados de policías secuestran a una niña, hija de un importante empresario mexicano. Los policías liberan la zona y disparan a su guardaespaldas, Denzel Washington, quien sobrevive y jura venganza. Pronto descubre que el jefe de los investigadores del caso es el cabecilla de una organización, "La Hermandad", que está tras los crímenes. El Fiscal General no estaba dirigiendo las investigaciones para develar el caso, sino para conseguir información sobre cómo lucrarse del delito. La familia paga el rescate, pero los secuestradores sólo reciben menos de la mitad del dinero, ya que los policías se roban el resto. Los secuestradores matan a la niña. Una excelente película para todos los paraguayos. Hoy, el gobierno paraguayo destituyó al ministro del Interior y a 31 jefes policiales, por su probada ineficiencia en resolver el caso. A pesar de todo, el dirigente de PPL Osmar Martínez permanece en prisión acusado del secuestro, y el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se sostiene en el guión que pretende involucrar a Rodrigo Granda, el 'Ricardo González' de la comisión internacional de las FARC, en el ilícito, sin más pruebas que unos confusos mensajes de correo electrónico "encontrados" por investigadores colombianos. Más aún: el fiscal general colombiano, Luis Camilo Osorio, reconoció una voz que se oye en un video casero como la de un insurgente de las FARC, a quien identificó inmediatamente. Miguel González, el apoderado del líder rebelde, aseguró que Rodrigo Granda tiene pruebas para demostrar su inocencia en la planificación del secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas. Parte de esas pruebas procesales están contenidas en un documento que le fue confiscado ilegalmente por la guardia carcelaria (Inpec) de la prisión de máxima seguridad de Cómbita, donde se encuentra recluido su defendido. |