Así opera el empalme entre
los paracos y el ejército oficial
Genocidio y "seguridad democrática" en el Cesar
por Carlos Vargas
Agencia Prensa Rural
12 de agosto de 2005
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Los kankuamos son una de las cuatro etnias indígenas
que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde abril de 2003 se
les reconoció formalmente un resguardo, pero debido a las constantes
agresiones a este pueblo, cinco meses después la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA otorgó medidas cautelares en su favor.
Según denunció en julio de 2005 el Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, la Fiscalía criminaliza el movimiento indígena
al acusar por rebelión a sus líderes, autoridades tradicionales, madres
cabeza de familia y jóvenes que han denunciado hostigamientos del Ejército
Nacional.
Los abusos de autoridad y los maltratos por parte de
las tropas son permanentes. El pueblo wiwa también ha venido siendo
hostigado y amenazado por ser supuestamente colaborador de la guerrilla.
El conflicto social y armado en la región tiene una larga
historia. El movimiento campesino llegó a tener tal fuerza allí que
en 1987 se organizaron marchas hacia Santa Marta, Valledupar, Ciénaga
y Fundación, exigiendo mejoras en vías, salud y educación. Este movimiento
fue duramente reprimido por el paramilitarismo.
La aparición de las FARC es posterior a la de los grupos
paramilitares en la región, que luego se articularon con las AUC. La
bonanza de la marihuana y los intereses económicos locales motivaron
el establecimiento de escuadrones de la muerte al servicio de mafiosos,
gamonales y empresas trasnacionales.
A comienzos de 2000, empezó la consolidación de las AUC
en la región. Instalaron una base en el corregimiento de Río Seco, con
más de 500 hombres, y se hicieron del control de toda la zona, incluso
de Valledupar.
"Los arahuacos, koguis y wiwas
no pueden ir a la parte baja de la Sierra porque son acusados por los
paramilitares de ser guerrilleros, y los kankuamos no pueden subir porque
son acusados por las mismas autodefensas de ser informantes y proveedores
de las FARC", dice Lisardo Domicó, secretario general de
la ONIC.
Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, comandante del
Bloque Norte de las AUC y primo hermano del alcalde de Valledupar, ha
sido señalado como el principal responsable de los ataques contra el
pueblo kankuamo. La facción que comanda aún no se ha desmovilizado,
debido a "su preocupación" por el posible regreso de la guerrilla
a las áreas bajo su control. En sus propias palabras: "el
Estado debe aceptar con realismo un método de empalme entre nuestros
comandantes y los oficiales que vayan a llegar para quedarse y recibir
los corredores estratégicos bajo nuestro control".
Durante 15 años, Atánquez, importante centro de la etnia
kankuama, no tuvo presencia de la Fuerza Pública. Pero el Gobierno,
en aparente respuesta a las exigencias de Tovar Pupo, creó hace ocho
meses la 10ª. Brigada Blindada y, dos meses después, instaló un puesto
de policía con 20 hombres.
El 1 de agosto, un subintendente, 13 patrulleros y un
agente pertenecientes a un Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía
Nacional murieron en un campo minado sobre la via Atánquez-Valledupar.
Según la Policía Nacional, el atentado fue obra del Frente 59 "Resistencia
Wayúu" de las FARC.
Los ataques contra la Fuerza Pública no son nuevos en
el departamento del Cesar. Entre el 2002 y el año pasado, el Observatorio
de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República registró ocho
emboscadas en su contra.
Mientras el genocidio de los indígenas de la Sierra no
ha merecido ni un comentario de la clase política y se mantienen impunes
más de 230 crímenes de lesa humanidad cometidos en su contra por paramilitares
y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, del Ejército Nacional, la
muerte de los policías despertó fuertes reacciones.
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Hernando Molina Araújo, gobernador del Cesar. |
Hernando Molina Araújo, gobernador del Cesar, manifestó:
"rechazamos estos actos inhumanos... No vamos
a permitir que los terroristas vuelvan a sembrar la zozobra que antes
imperaba en estas regiones". Lágrimas de cocodrilo. Molina
Araújo es ficha política de Tovar Pupo: ganó las elecciones luego de
que los otros aspirantes renunciaran por amenazas de las AUC.
La seguridad, tan democrática como las elecciones
El Ejército presentó el 3 de agosto los cadáveres de
Néstor Mendoza Ramírez y Róbinson Pacheco Malo. El mayor general Mario
Montoya Uribe, comandante de la 1ª. División del Ejército, indicó que
"estos terroristas hacían parte del grupo explosivista del frente
59 de las FARC, como autores materiales del repudiable asesinato de
15 uniformados".
Durante la rueda de prensa, el gobernador del Cesar dijo:
"a las 11:35 de la mañana de hoy, tropas adscritas
al Batallón de Artillería No. 2 La Popa, tuvieron contacto armado con
unos narcoterroristas del frente 59 de las FARC, dando de baja a Néstor
Mendoza Ramírez, alias 'La Micha', '77' o 'Ismael', comandante de la
escuadra de la Comisión Grigelio Aguilar del frente 59. Así mismo, se
dio muerte a Róbinson Pacheco Malo, alias 'Tobías', miliciano de la
misma organización".
"En acciones subsiguientes, las
tropas de La Popa capturaron a Juan de Jesús Mendoza Arias, alias 'Juancho',
presunto miliciano y explosivista del mismo frente", añadió
Molina.
El gobernador envió felicitaciones a la red de informantes:
"Son esas personas que quieren a la Patria las
que facilitaron esta operación y a ellas se les dará la recompensa".
Lo curioso es que Róbinson Pacheco Malo, indígena wiwa
de El Cerro, está vivo. Según las autoridades de esa comunidad, el día
de los hechos, soldados del batallón La Popa del Ejército Nacional ingresaron
violentamente a su vivienda y la registraron exhaustivamente, robando
sus documentos de identidad.
Agregan que Juan de Jesús Mendoza Arias, sindicado de
rebelión, es un hombre pacífico dedicado a su trabajo, que fue maltratado
físicamente y capturado por el Ejército Nacional cuando regresaba de
su parcela. Como argumento para su captura las fuentes oficiales citan
que fue encontrado con una escopeta 16, que los wiwa utilizan para la
cacería.
Desde el 3 de agosto y hasta la fecha de la denuncia
(8 de agosto), Mendoza se encontraba en el batallón La Popa y no había
sido puesto a órdenes de la autoridad judicial.
La comunidad menciona otros atropellos. El menor de edad
Eladio José Baños Alonso fue torturado por ser supuestamente miembro
de las FARC. Además fue obligado a vestir prendas militares para hacerlo
aparecer como un subversivo más muerto en combate.
José Francisco Alonso Zabatá, Merilo Montero Maestre,
Róbinson Pacheco Malo, Juan Zabatá Torres y Hermegildo Zabatá, bajo
improperios de toda clase y amenazas de muerte fueron obligados a andar
un buen trecho delante de la tropa del Ejército Nacional.
Las viviendas del mamo Feliciano Bolaños, Amparo Rodríguez
Carrillo y Juan de Jesús Mendoza fueron registradas y saqueadas abusivamente
por miembros del Ejército Nacional, bajo la excusa de estar buscando
armamento de la guerrilla. Quienes allí se encontraban fueron amenazados.
Es así como en el Cesar y en el resto del país se desarrolla
la política de "seguridad democrática" del presidente Uribe,
"para que esa alianza entre la ciudadanía y
la Fuerza Pública le garantice a Colombia que rápidamente se encuentre
con ese Estado de felicidad que surge del disfrute de la seguridad",
como él mismo asegura en su falaz retórica fascista.