Así opera el empalme entre los paracos y el ejército oficial
Genocidio y "seguridad democrática" en el Cesar

por Carlos Vargas
Agencia Prensa Rural

12 de agosto de 2005

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Los kankuamos son una de las cuatro etnias indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde abril de 2003 se les reconoció formalmente un resguardo, pero debido a las constantes agresiones a este pueblo, cinco meses después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA otorgó medidas cautelares en su favor.

Según denunció en julio de 2005 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Fiscalía criminaliza el movimiento indígena al acusar por rebelión a sus líderes, autoridades tradicionales, madres cabeza de familia y jóvenes que han denunciado hostigamientos del Ejército Nacional.

Los abusos de autoridad y los maltratos por parte de las tropas son permanentes. El pueblo wiwa también ha venido siendo hostigado y amenazado por ser supuestamente colaborador de la guerrilla.

El conflicto social y armado en la región tiene una larga historia. El movimiento campesino llegó a tener tal fuerza allí que en 1987 se organizaron marchas hacia Santa Marta, Valledupar, Ciénaga y Fundación, exigiendo mejoras en vías, salud y educación. Este movimiento fue duramente reprimido por el paramilitarismo.

La aparición de las FARC es posterior a la de los grupos paramilitares en la región, que luego se articularon con las AUC. La bonanza de la marihuana y los intereses económicos locales motivaron el establecimiento de escuadrones de la muerte al servicio de mafiosos, gamonales y empresas trasnacionales.

A comienzos de 2000, empezó la consolidación de las AUC en la región. Instalaron una base en el corregimiento de Río Seco, con más de 500 hombres, y se hicieron del control de toda la zona, incluso de Valledupar.

"Los arahuacos, koguis y wiwas no pueden ir a la parte baja de la Sierra porque son acusados por los paramilitares de ser guerrilleros, y los kankuamos no pueden subir porque son acusados por las mismas autodefensas de ser informantes y proveedores de las FARC", dice Lisardo Domicó, secretario general de la ONIC.

Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte de las AUC y primo hermano del alcalde de Valledupar, ha sido señalado como el principal responsable de los ataques contra el pueblo kankuamo. La facción que comanda aún no se ha desmovilizado, debido a "su preocupación" por el posible regreso de la guerrilla a las áreas bajo su control. En sus propias palabras: "el Estado debe aceptar con realismo un método de empalme entre nuestros comandantes y los oficiales que vayan a llegar para quedarse y recibir los corredores estratégicos bajo nuestro control".

Durante 15 años, Atánquez, importante centro de la etnia kankuama, no tuvo presencia de la Fuerza Pública. Pero el Gobierno, en aparente respuesta a las exigencias de Tovar Pupo, creó hace ocho meses la 10ª. Brigada Blindada y, dos meses después, instaló un puesto de policía con 20 hombres.

El 1 de agosto, un subintendente, 13 patrulleros y un agente pertenecientes a un Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía Nacional murieron en un campo minado sobre la via Atánquez-Valledupar. Según la Policía Nacional, el atentado fue obra del Frente 59 "Resistencia Wayúu" de las FARC.

Los ataques contra la Fuerza Pública no son nuevos en el departamento del Cesar. Entre el 2002 y el año pasado, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República registró ocho emboscadas en su contra.

Mientras el genocidio de los indígenas de la Sierra no ha merecido ni un comentario de la clase política y se mantienen impunes más de 230 crímenes de lesa humanidad cometidos en su contra por paramilitares y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, del Ejército Nacional, la muerte de los policías despertó fuertes reacciones.

Hernando Molina Araújo, gobernador del Cesar.

Hernando Molina Araújo, gobernador del Cesar, manifestó: "rechazamos estos actos inhumanos... No vamos a permitir que los terroristas vuelvan a sembrar la zozobra que antes imperaba en estas regiones". Lágrimas de cocodrilo. Molina Araújo es ficha política de Tovar Pupo: ganó las elecciones luego de que los otros aspirantes renunciaran por amenazas de las AUC.

La seguridad, tan democrática como las elecciones

El Ejército presentó el 3 de agosto los cadáveres de Néstor Mendoza Ramírez y Róbinson Pacheco Malo. El mayor general Mario Montoya Uribe, comandante de la 1ª. División del Ejército, indicó que "estos terroristas hacían parte del grupo explosivista del frente 59 de las FARC, como autores materiales del repudiable asesinato de 15 uniformados".

Durante la rueda de prensa, el gobernador del Cesar dijo: "a las 11:35 de la mañana de hoy, tropas adscritas al Batallón de Artillería No. 2 La Popa, tuvieron contacto armado con unos narcoterroristas del frente 59 de las FARC, dando de baja a Néstor Mendoza Ramírez, alias 'La Micha', '77' o 'Ismael', comandante de la escuadra de la Comisión Grigelio Aguilar del frente 59. Así mismo, se dio muerte a Róbinson Pacheco Malo, alias 'Tobías', miliciano de la misma organización".

"En acciones subsiguientes, las tropas de La Popa capturaron a Juan de Jesús Mendoza Arias, alias 'Juancho', presunto miliciano y explosivista del mismo frente", añadió Molina.

El gobernador envió felicitaciones a la red de informantes: "Son esas personas que quieren a la Patria las que facilitaron esta operación y a ellas se les dará la recompensa".

Lo curioso es que Róbinson Pacheco Malo, indígena wiwa de El Cerro, está vivo. Según las autoridades de esa comunidad, el día de los hechos, soldados del batallón La Popa del Ejército Nacional ingresaron violentamente a su vivienda y la registraron exhaustivamente, robando sus documentos de identidad.

Agregan que Juan de Jesús Mendoza Arias, sindicado de rebelión, es un hombre pacífico dedicado a su trabajo, que fue maltratado físicamente y capturado por el Ejército Nacional cuando regresaba de su parcela. Como argumento para su captura las fuentes oficiales citan que fue encontrado con una escopeta 16, que los wiwa utilizan para la cacería.

Desde el 3 de agosto y hasta la fecha de la denuncia (8 de agosto), Mendoza se encontraba en el batallón La Popa y no había sido puesto a órdenes de la autoridad judicial.

La comunidad menciona otros atropellos. El menor de edad Eladio José Baños Alonso fue torturado por ser supuestamente miembro de las FARC. Además fue obligado a vestir prendas militares para hacerlo aparecer como un subversivo más muerto en combate.

José Francisco Alonso Zabatá, Merilo Montero Maestre, Róbinson Pacheco Malo, Juan Zabatá Torres y Hermegildo Zabatá, bajo improperios de toda clase y amenazas de muerte fueron obligados a andar un buen trecho delante de la tropa del Ejército Nacional.

Las viviendas del mamo Feliciano Bolaños, Amparo Rodríguez Carrillo y Juan de Jesús Mendoza fueron registradas y saqueadas abusivamente por miembros del Ejército Nacional, bajo la excusa de estar buscando armamento de la guerrilla. Quienes allí se encontraban fueron amenazados.

Es así como en el Cesar y en el resto del país se desarrolla la política de "seguridad democrática" del presidente Uribe, "para que esa alianza entre la ciudadanía y la Fuerza Pública le garantice a Colombia que rápidamente se encuentre con ese Estado de felicidad que surge del disfrute de la seguridad", como él mismo asegura en su falaz retórica fascista.

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