Las víctimas quieren que se investigue a los máximos responsables El Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado entrega información sobre miles de casos al fiscal general de la nación para combatir la impunidad por Comité de Impulso, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado En el día de hoy, organizaciones del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado se reunieron con el fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana. En la reunión, los representantes del Movimiento de Víctimas le entregaron al fiscal general dos detallados informes que contienen miles de casos de crímenes contra la humanidad y genocidio, cometidos por miembros de los grupos paramilitares y por agentes del estado. Los informes entregados son: "Deuda con la humanidad", en el que están contenidos 14.476 casos comprendidos en el período 1988 - 2003; y "Colombia Nunca Más", que incluye 41.407 casos del período 1966 - 1998. En ambos informes, cada uno de los hechos de ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones" forzadas, homicidios políticos y torturas, se reseñan con los nombres de las víctimas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar; así como los presuntos autores. Igualmente, en ellos se mencionan los nombres de los bloques paramilitares implicados, y se identifican las unidades militares o de policía a las que están adscritos los agentes comprometidos en las acciones criminales. El Movimiento de Víctimas pidió al fiscal que todos estos hechos sean debidamente esclarecidos, poniendo especial énfasis en dos líneas de investigación. En primer lugar, que se dilucide no sólo la responsabilidad de los autores materiales de los crímenes, sino que se dé prioridad a la determinación de los autores intelectuales y los agentes estatales que planearon los crímenes, así como a la identificación de los beneficiarios directos e indirectos de los mismos. En esta dirección, se le pidió al fiscal que se precise la identidad de los políticos, empresarios, ganaderos y terratenientes que dieron las órdenes a los grupos paramilitares para que éstos cometieran masacres, desplazamientos forzados y crímenes masivos. También se le solicitó que se devele la identidad de los miembros del llamado Grupo de los Seis que el jefe paramilitar Carlos Castaño menciona en el libro "Mi confesión" como poderosos personajes políticos que le ordenaban la ejecución de asesinatos selectivos. El Movimiento de Víctimas también expresó al fiscal general sus preocupaciones sobre la aplicación de la Ley 975/05, llamada de "justicia y paz". Las preguntas formuladas al fiscal giraron en torno a afirmaciones públicas hechas por él sobre la forma en que será aplicada la ley. Así, se le preguntó si es cierto, como lo señaló en la Universidad de los Andes el 4 de abril de 2006, que utilizará la figura del principio de oportunidad de cara a los testaferros que detentan bienes de los paramilitares; si los desmovilizados podrán optar por el principio de favorabilidad con relación a la sentencia C-370 de la Corte Constitucional, y si considerará como el momento de entrada en vigencia de la ley la fecha de la desmovilización o la del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Los delegados del Movimiento de Víctimas plantearon además las siguientes preguntas al Fiscal General de la Nación: ¿Cómo está contemplada la participación plena de las víctimas durante el proceso de aplicación de la ley? |